Buscan controlar la comercialización del rubro de cables y así frenar los robos

Durante los últimos meses se han registrado distintos robos de cableado eléctrico en distintas zonas de la región y los mismos han alcanzado valores elevados en el mercado.

Es por esto que el Legislador del bloque Frente de Todos, José Luis Berros, ha presentado un proyecto de Ley que controla la comercialización de los materiales y contempla sanciones para aquellos que acceden a las piezas de manera ilegal.

La iniciativa busca poder frenar el comercio de grandes volúmenes de mercadería eléctrica que ha sido adquirida ilegalmente en el mercado legal. Se centra en los establecimientos llamados “chacaritas” y otros establecimientos de venta de metalúrgicos.

Lee también: Robaban cables de electricidad en Cipolletti y fueron detenidos

Contempla la comercialización de materiales "no ferrosos", lo cual incluye cobre, estaño, cobalto, cromo, entre otros.

El legislador explicó: "Es una práctica delictiva que se ha multiplicado. Y el proyecto lo hemos trabajado con personal de seguridad quienes explicaron que ellos no contaban con herramientas legales para controlar y frenar las actividades ilícitas"

El proyecto establece la creación de un Registro Único de Acopiadores y Comercializadores de Metales no Ferrosos. La tramitación del registro será oblgiatoria para operar en el negocio y para que se pueda realizar un seguimiento de los materiales.

El Ministerio de Seguridad y Justicia sería la autoridad encargada de la aplicación de la ley. Cada vendedor deberá dejar asentados los datos de cada operación, con nombre, domicilio del vendedor y una descripción del producto.

El Estado Provincial se encargaría de la verificación mediante inspecciones periódicas. Incluye no sólo a los locales comerciales del rubro de la metalúrgica, sino también a los vehículos que transporten los mismos materiales.

En caso de incumplimiento de la norma, se prevén multas hasta la clausura. Las medidas se aplicarían en caso de que el vendedor no pueda justificar la procedencia de los materiales que comercializa o si en las inspecciones se hallan objetos de servicios públicos y no pueda justificarse su adquisición.

Las irregularidades serán notificadas al Ministerio Publico Fiscal donde se realizarán las investigaciones para conocer si realmente existe un delito.